Noticias relacionadas
El consultor Rubalcaba
Las cintas del sumario
El ingenio de `Montse´: “Juanito Valderrama”

02/03/07
Los policías que escuchaban las conversaciones de Montserrat Corulla, la principal testaferro de Juan Antonio Roca, recibieron todo un máster gratuito sobre cómo moverse en el complicado mundo del urbanismo madrileño. Por el equipo de grabación desfilaban, además, nombres sonoros: un hermano del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien presuntamente se ofrece para “solucionar” un problema surgido por el rechazo de los socialistas a una recalificación; el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, que queda para comer con Corulla y pregunta por los arquitectos del proyecto urbanístico; altos cargos y funcionarios que llaman a Montse para ayudarla a solucionar problemas de licencias o que se comprometen a impulsar sus intereses....

Todos los diálogos están incorporados al sumario de la Operación Malaya, abierto por la trama de corrupción urbanística en Marbella, cuyo presunto cerebro era Roca. Montserrat Corulla utilizaba dos teléfonos móviles y el juez ha levantado recientemente el secreto de varios tomos del sumario, donde se incluyen las conversaciones mantenidas por Corulla a través de uno de sus móviles. Las grabaciones del otro teléfono siguen bajo secreto.

Intermediaria
Montserrat Corulla administraba los intereses inmobiliarios de Roca en Madrid, pero también representaba a un grupo de empresarios vascos. Durante el mes y medio que dura el pinchazo telefónico, entre el 10 de febrero y el 3 de abril de 2006, Corulla cierra la venta de una inmobiliaria en Madrid (propiedad de Roca en un 50%), le busca edificios en la capital y se desplaza de urgencia a Murcia para firmar como testaferro diversos documentos relacionados con la trama empresarial de Roca. Sin embargo, la mayor parte de sus gestiones están encaminadas a recalificar el frontón Beti-Jai para convertirlo en un hotel de lujo. Dicho frontón es propiedad de la empresa Aguirene.

El Beti-Jai fue construido en 1893 y ocupa un solar de más de 3.600 metros en el centro de Madrid. Es la instalación deportiva más antigua de la capital y en 1977 fue declarado Bien de Interés Cultural, lo que limita cualquier intervención sobre el edificio a su conservación y restauración. En 2004, Alberto Ruiz-Gallardón afirmó que el Beti-Jai se habilitaría para uso deportivo; y la coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón, aseguró que el Gobierno municipal tenía previsto expropiar el frontón a lo largo de 2005.

Pero llegó 2005 y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El Gobierno municipal no sólo olvidó su promesa de expropiar el Beti-Jai, sino que en una reunión celebrada el 29 de diciembre de 2005 aprobó el posible cambio de uso. Esta decisión se tomó en la Comisión Institucional de Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (Ciphan), donde están representados la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. También participa, con voz pero sin voto, el Colegio de Arquitectos, que ha sido muy beligerante con la posibilidad de convertir el frontón en hotel.

En una de las conversaciones grabadas a Corulla, ésta se jacta precisamente de la importancia de la decisión adoptada por los gobernantes madrileños, que abre el paso a la recalificación del Beti-Jai: “Montse asiente [a su interlocutor] y le dice que ya han hecho el cambio de uso, que ya les han hecho el 50%, que sólo les queda la firma del convenio”.

Doble ofensiva
Pero entonces surgió un problema político inesperado. Los socialistas decidieron lanzar una doble ofensiva contra el cambio de uso del frontón. La entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, visitó el 24 de enero de 2006 la azotea de un inmueble contiguo al frontón y desde allí acusó a los propietarios de permitir el deterioro del Beti-Jai y pidió a Gallardón que cumpliese su palabra y expropiase el edificio. Y en la Asamblea de Madrid, los socialistas presentaron una proposición no de ley que pedía dedicar el frontón a “actividades deportivas”. La proposición se aprobó por unanimidad, pero después de que el PP la enmendase para admitir cualquier uso “compatible con sus características y valor estético”. Se había salvado de nuevo la posibilidad de transformarlo en hotel.

El debate en la Asamblea de Madrid se produjo el 13 de febrero de 2006. Y ese mismo día, a las 21.52, Montserrat Corulla recibió una llamada de Heraclio López Sevillano, un alto ejecutivo de la cadena hotelera NH, para informarle sobre el asunto. López Sevillano asegura que un hermano de Rubalcaba “se ofreció para solucionar el tema” y los dos interlocutores plantean que “se puede hablar con Alberto para un canje por suelo”, en una aparente alusión al alcalde de Madrid.

Corulla y López Sevillano eran los dos intermediarios de la operación, ella en nombre del vendedor y él en representación de la cadena hotelera: NH estaba dispuesta a firmar ya un contrato de compra condicionado a que el frontón lograse la licencia para uso hotelero del frontón. Y los dos intermediarios tenían previsto repartirse tres millones de euros en comisiones.

En diversas conversaciones, Corulla mostró su convencimiento de que la recalificación del Beti-Jai se lograría en un plazo de tres meses. Pero no pudo ser. El 29 de marzo de 2006 fue detenida por la Policía.

Nada irregular
Las personas que aparecen mencionadas en las conversaciones grabadas a Corulla coincidieron en destacar, en declaraciones a esta revista, que en todo el proceso no se ha producido ninguna irregularidad. Heraclio López Sevillano declinó hablar sobre sus conversaciones profesionales. Alejandro Pérez Rubalcaba negó haberse ofrecido como intermediario en el tema del Beti-Jai. Corulla, a través de su abogado, se limitó a indicar que no conocía al hermano del ministro.

Una portavoz del Ayuntamiento de Madrid explicó que los contactos mantenidos por sus cargos con Corulla “son absolutamente normales. Es lógico que la concejal o la coordinadora de Urbanismo se preocupen de un asunto que afecta a un edificio singular como el Beti-Jai. Este expediente no tiene ni el más mínimo error administrativo y cualquier medio lo tiene a su disposición para poder comprobarlo”.

Por último, el director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández, indicó que le había pedido un proyecto detallado a Corulla “para poder hablar con los técnicos ya que lo que habían presentado inicialmente eran cuatro dibujos a los que no se podía llamar ni planos”. Hernández admitió que tenía un “trato cordial” con Corulla, pero rechazó de forma tajante que intentase favorecer sus intereses urbanísticos.