12/06/06
—La ministra Narbona ha dicho que esta fiscalía va a evitar la aparición de casos como el de Marbella. ¿Qué va a hacer para impedirlo?
—Estamos en un proceso de recepción de información desde las distintas fiscalías, por eso no puedo dar datos precisos para hacer un diagnóstico, que será siempre aproximativo porque en este tipo de delito hay un dinamismo y una mutación extraordinarios. Hemos elaborado un texto que servirá de referencia a los fiscales para unificar criterios de actuación frente a problemas nuevos o cuando se produzcan discrepancias en materia administrativa y penal.

—¿Por qué se ha llegado a la situación actual en Marbella?
—Hay un estudio magnífico del Instituto Andaluz Universitario de Criminología que pone de manifiesto que existió todo un plan para la constitución de ciertos partidos políticos con unas reglas de conducta y una estrategia que permitían conseguir determinados ayuntamientos clave y, a partir de ahí, se produce el fenómeno que hemos visto.

—¿Se refiere al GIL?
—Sí, al GIL, que afortunadamente ha entrado ya en una perspectiva de racionalidad.

—¿No ha habido dejación por parte de la Administración?
—Sí, posiblemente. Pero a mí, como fiscal, lo que me preocupa son las denuncias sociales que exigen la intervención del Ministerio Fiscal cuando la situación llega a puntos graves.

—¿Cree que la suspensión de las competencias urbanísticas del ayuntamiento de Marbella tendrá un efecto ejemplarizante?
—No lo sé. Lo que sí está claro es que esa posibilidad está prevista en la normativa urbanística andaluza y regulada legalmente. Cuando se elabora una normativa es porque se prevé que ese tipo de actuaciones tengan lugar.

—¿Por qué no se ha aplicado hasta ahora?
—No lo sé. Pero las leyes se elaboran y promulgan para aplicarlas. Si se demuestra que se ha llegado a cierto nivel de irregularidad y de ineficacia por parte de las instituciones, hay que buscar el medio que ponga las cosas en su sitio.

—¿El sistema de financiación de los ayuntamientos favorece la corrupción urbanística?
—Creo que entre un 30 y 40% de los ayuntamientos españoles financian sus presupuestos con el urbanismo. Me consta que hay en preparación una normativa sobre financiación de las corporaciones locales que dará una perspectiva totalmente distinta a esta problemática.

—¿Esa financiación es fundamentalmente por el cobro de comisiones por obra?
—Es muy variada. Se permiten construcciones ilegales, se imponen multas, se cobra la multa y acto seguido se empieza a exigir el pago de impuestos. Hay de todo.

—¿Van a poner coto a eso?
—¡¡Ufff!! Esa es una información que tenemos para hacernos una idea general de la problemática. Pero tenemos que ceñirnos al Código Penal.

—¿No hay forma de castigar estas conductas con el Código Penal en la mano?
—El problema es que en el 90% de los casos se producen supuestos de total acuerdo entre el que construye ilegalmente, porque es más barato, el que compra esa construcción ilegal, el que la vende, y el propio ayuntamiento. Se benefician todos. ¿Cuándo sale esto a flote? Pues en un recurso de revisión ante el Supremo en el que un condena- do replica que cómo se le condena a él cuando hay 4.999 en su mismo caso. Pero a este señor hay que decirle que el Código Penal se aplica a una realidad y a un momento que es de total ilegalidad. Luego, habrá que ver si esas 5.000 viviendas se pueden legalizar, pero eso es un problema distinto.

—¿La Ley del Suelo acabará con la falta de transparencia de los convenios urbanísticos?
—Los convenios tienen una parte de absoluta publicidad porque la jurisprudencia exige que sean públicos. Pero la casuística, la forma de llevarlos a cabo, es variopinta. En el caso del Medio Ambiente, los intereses son difusos. El aire y el suelo no se quejan aunque lo que se fije en el convenio sea perjudicial para la salud.

—¿La corrupción urbanística es la “madre”de las corrupciones?
—Yo creo que sí, aunque como miembro del Grupo Greco del Consejo de Europa, en los informes que he visto sobre España no se habla de supuestos de corrupción institucional fuertes ni de grandes problemas de corrupción administrativa. La corrupción queda circunscrita al urbanismo. Cuando se produce en corporaciones locales situadas en sitios estratégicos, la cifra puede ser alta.

—¿El modelo de desarrollo es el culpable de esta situación?
—Sí, posiblemente. Nos hemos centrado de forma excesiva en la construcción.

—¿Por qué existe tanta impunidad con este tipo de delitos?
—Lo que ha habido tradicionalmente ha sido bastante tolerancia administrativa. Cuando esa tolerancia es excesiva y, además, hay fuertes intereses económicos de por medio, entonces puede derivar en corrupción. El trato de favor administrativo está perfectamente aceptado por parte de determinado sector social, sobre todo en el caso de las construcciones ilegales.

—El litoral español está salpicado de construcciones asentadas sobre la playa. ¿Qué van a hacer en esas zonas?
—En el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental está prevista la actuación del Ministerio Fiscal en temas contenciosos relacionados con el Medio Ambiente. En su momento, si hay que tomar alguna acción, la tomaremos.

—Los fiscales andaluces han denunciado que el 90% de las condenas judiciales en materia de urbanismo no —ordenan la demolición porque la consideran una medida desproporcionada. ¿Lo cree usted?
Es un problema que tenemos que afrontar. No hay mucha tradición de demoler en España. Entrar en actuaciones novedosas produce cierta precaución, cierto freno. Pero la demolición está prevista tanto a nivel administrativo como penal y hay que hacer uso de ese tipo de instrumentos, porque de lo contrario no estamos aplicando el Código Penal.

—¿Tiene en su agenda una lista de derribos?
—No. El derribo es a través de una sentencia judicial y quien ejecuta la sentencia es el órgano judicial competente.

—Pero el fiscal puede instar a ejecutar las sentencias...
—Si hay dejadez o desobediencia puede iniciar acciones contra quien incumple esa sentencia. Hay problemas de ejecución de sentencias en relación a demoliciones aunque la mayoría son administrativas.

—El proyecto de Ley de Montes introduce la prohibición de recalificar el terreno hasta pasados 30 años de un incendio. ¿Por qué no se aplica esa prohibición que está ya recogida en el Código Penal?
—Sí, lo que pasa es que dejaba esa decisión en manos del juez. Pero tanto para el juez como para el fiscal el Código Penal es odioso per natura, lo cual nos lleva a pensar dos veces antes de adoptar una decisión de este tipo porque el delincuente también es un ser humano y tiene todos los derechos constitucionales.

—¿Cómo atajarán los incendios?
—Vamos a potenciar la cooperación policial y los sistemas de investigación. Más de 5.000 agentes forestales actuarán como policía judicial. Pero el incendio forestal es un delito de prueba diabólica. El delincuente asegura su acción y utiliza ochenta mil métodos para hacer que la primera manifestación del fuego tenga lugar diez horas después de su estancia en dicho lugar. Por eso sería irresponsable por mi parte lanzar cánticos de victoria.

—¿Qué lecciones ha extraído del incendio de Guadalajara?
—Todavía no hay una sentencia que nos permita inferir elementos que nos prevengan para futuros siniestros. Pero es muy llamativo que sigan existiendo lugares para instalar barbacoas cuando tras ese incendio se estableció por decreto la prohibición absoluta de realizar fuego en espacios naturales. La solución no pasa por un endurecimiento de las penas, que hoy pueden llegar hasta veinte años de cárcel, sino por concienciar a los ciudadanos sobre el problema.