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Apoyos y temores

Entrevista a Carmen Moya, delegada para el Plan Nacional Sobre Drogas


12/06/06
El Gobierno prepara una nueva legislación sobre el consumo de alcohol con medidas restrictivas encaminadas a dificultar el acceso de los menores al mismo. Pero el anuncio realizado por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, tras la puesta en marcha de la ley antitabaco y los escenarios manejados por su departamento han alarmado al sector, que teme que las medidas salpiquen también al consumo por parte de los adultos.

En el Ministerio de Sanidad admiten que han trabajado con diferentes escenarios, y las especulaciones sobre éstos han encendido la mecha. Los que maneja la industria y los círculos políticos van desde restricciones horarias sobre la venta de alcohol en según qué tiendas, a un sistema de licencias que sólo permita su venta a establecimientos expresamente autorizados, una separación física de las zonas de venta de alcohol en las tiendas y grandes superficies, impedir la venta de bebidas alcohólicas en más lugares de los hoy prohibidos o una posible extensión de esta limitación a los centros de trabajo. Pero, oficialmente, el Ministerio no quiere hablar de estas posibilidades y circunscribe la nueva normativa a la protección de los menores.

De hecho, la ministra Salgado acaba de decir que se tratará de “una ley de mínimos”, pero al anunciar una nueva norma sobre el alcohol nada más estrenarse la ley sobre el tabaco, consiguió que inmediatamente se establecieran paralelismos. Ahora, los socialistas han hecho oficial la intención de abordar una nueva ley, con la aprobación de una resolución en el Debate sobre el Estado de la Nación que insta al Gobierno a enviar un texto al Congreso,“ cuyo principal objetivo sea la protección de la salud de los menores y adolescentes en relación con el daño asociado al consumo de alcohol”.

La resolución señala la necesidad de medidas que reduzcan “la accesibilidad al alcohol por los menores y adolescentes, que ofrezcan una mayor protección frente a las presiones que llevan a los niños y adolescentes a beber y que apoyen a aquellos que eligen no beber contribuyendo a mejorar la convivencia en los espacios de uso común”. Los datos sobre el adelanto en la edad de consumo (ya está en los 13 años) y el número de borracheras están detrás del interés de la ministra por abordar el asunto.

Efectos del alcohol
En qué se va a concretar este enunciado es algo que el Gobierno se resiste a adelantar. Por lo pronto, ha puesto en marcha un estudio encargado a la comisión clínica del Plan Nacional sobre Drogas sobre los efectos del alcohol. El Ejecutivo también encargó un informe sobre la relación del consumo de alcohol con los accidentes laborales al Consejo Económico y Social (CES). Sin embargo, los sindicatos no recibieron bien que se asociara la siniestralidad al alcohol, ya que podría desenfocar la atención sobre las principales causas de los accidentes. Así que el CES respondió con una negativa a la petición del Gobierno.

El alcohol es muy diferente al tabaco. Muchas voces recuerdan los factores culturales en su consumo y recuerdan los peligros de poner trabas a la hostelería, cuando el turismo es la primera industria nacional. Eso, sin olvidarse de las posibles repercusiones sobre el empleo, desde los agricultores a los distribuidores.

Lobby
Los temores en la industria les ha llevado ya a un intenso trabajo de lobby ante los grupos políticos. Para aquellos con un negocio que gira alrededor del alcohol (fabricantes, comercializadores, hosteleros), las medidas del Gobierno podrían dar algunos pasos también en el consumo de adultos. Sin embargo, hasta ahora, el Gobierno sólo admite que sus objetivos son homogeneizar la edad a partir de la que está prohibida la venta de alcohol a menores. Pero sólo Asturias y Castilla y León (ésta lo va a cambiar) mantienen el límite en los 16 años. El sector se pregunta qué puede pretender legislar el Gobierno sobre el consumo de alcohol en menores si éstos lo tienen prohibido. Como ejemplo de las restricciones que salpican a los adultos, valga recordar que las medidas contra el botellón suponen restricciones al consumo en la calle para los mayores de edad.

El reparto de competencias hace que las normas sean diferentes según dónde nos encontremos. Las hay que prohíben el consumo en la vía pública, pero algunas exceptúan las fiestas mayores. Otras prohíben la venta a menores, pero no el consumo en la calle... unas prohíben la venta y el consumo, pero no siempre ambos... Todas las comunidades han prohibido vender o consumir alcohol en centros educativos, institutos, centros sanitarios y algunas en gasolineras, aunque otras sólo regulan el horario y los puntos de venta de alcoholes de más de 20 grados.

Además, el Ministerio de Sanidad también prepara, junto con la Federación de Municipios y Provincias (Femp), una ordenanza tipo sobre el consumo de alcohol en la calle. En este terreno, sí que se ha anunciado por la Femp que, además de elevar las sanciones a quienes vendan alcohol a menores, se podrían limitar los horarios de venta de alcohol.

Manuel María de Bernardo, alcalde de San Fernando (Cádiz) y responsable de la comisión que se encarga de este asunto dentro de la Federación de Municipios, explica que en los ayuntamientos termina por recaer la responsabilidad de aplicar la ley y muchas veces lo tienen que hacer (como en el control del botellón) “sin recursos ni posibilidades”. De Bernardo expresa su esperanza en que el Gobierno central les escuche para que “al regular, tenga en cuenta la realidad de los ayuntamientos”.

La industria, por su parte, muestra a la vez su colaboración y sus temores. José Antonio Bonache, director de Asuntos Corporativos de Diageo, la primera em- presa del sector, dueña de marcas como J&B, afirma que están completamente de acuerdo con el Gobierno para acotar los problemas relacionados con el consumo de menores, el botellón y el binomio alcohol- conducción, porque éstos “ni nos interesan, ni los queremos. Es más, tomamos medidas para que no se den”. Bonache considera que “el 95% de nuestros clientes consumen nuestras marcas de forma responsable y correcta”y señala que el 5% restante que no lo hace así es un fenómeno “con una responsabilidad múltiple y compleja”.

Conocer a los consumidores
Por eso, se muestra contrario a la posibilidad de que el Gobierno tome medidas sobre el 100% del consumo y pide que se tenga en cuenta al sector, especialmente a la hostelería (donde se produce el 80% del consumo) porque “conocemos a los consumidores y sabemos cómo llegar, mientras que las campañas de las instituciones no son aceptadas por el público”. Bonache cree que la Estrategia Naos que se ha puesto en práctica para la prevención de la obesidad, realizada con el concurso de la industria alimentaria, es el camino a seguir. En la patronal de los fabricantes de licores y de las discotecas se considera también que no se puede repetir la falta de diálogo que se produjo con la ley del tabaco.

La referencia constante en este debate está en la reciente decisión en el Reino Unido de acabar con la limitación de los horarios de los pubs. Una restricción horaria que han comprobado que provocaba más problemas que ventajas porque llevaba a un consumo menos sosegado. En ese sentido, los empresarios del sector creen que habría que evitar medidas que acabaran con el consumo tranquilo que, por lo general, se produce en España.Y las restricciones horarias colocarían a nuestro país en una situación parecida a la que tenía antes el Reino Unido.

Participar en el debate
Entre los jóvenes es especialmente interesante la posición del secretario general de las Juventudes Socialistas, Herick Campos, diputado en el Congreso. Campos apoya las medidas anunciadas por el Ministerio, especialmente sobre los menores, pero defiende la participación de los jóvenes en el debate para la elaboración de la futura norma, y que no se criminalice a los que participan en el botellón.“Las medidas restrictivas hasta ahora no han conllevado un descenso del consumo”, destaca este líder juvenil, que considera que ya existen suficientes limitaciones.

“Pedimos al Ministerio que no se cometan los errores de la ley del tabaco”, dice, por su parte, Dionisio Lara, presidente de la Asociación Nacional de Empre- sarios por la Calidad del Ocio (ECO), principalmente de los locales nocturnos. Lara, que deja muy claro el acuerdo de estos empresarios en todo lo relacionado con las restricciones a los menores, teme escenarios hipotéticos como que no pudieran entrar niños con sus padres en restaurantes donde se consuma alcohol. Este hostelero recuerda la colaboración del sector en campañas que, a su juicio, tienen más impacto que las gubernamentales. Además, defiende una mayor preocupación de las Administraciones en asuntos como facilitar el transporte público nocturno los fines de semana.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), por su parte, defiende una vuelta de tuerca en las restricciones a menores y su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, llama la atención sobre que el alcohol es “excesivamente barato en comparación con el resto de Europa”. Sánchez Bayle apuesta por un buen sistema de inspecciones que hagan cumplir la normativa actual antes que por posibles trabas, por ejemplo, a la venta en ultramarinos.

La patronal de los productores de licores recuerda, en voz de su director general, Jaime Gil Robles, que “España es el país de la UE con más regulación sobre la venta de alcohol”y que la situación en cuanto a problemas con el consumo es “envidiable”dentro de Europa. Gil Robles subraya la inconveniencia de “responsabilizar a los empresarios de conductas sociales” y considera que los problemas sobre el abuso del alcohol se deben tratar desde el punto de vista educativo y preventivo. El director general de los licoristas muestra su “perplejidad” por el hecho de que se aborde el problema a través de una ley, sobre cuyos efectos muestra su escepticismo

Además, recuerda que la industria se gasta todos los años 3 millones de euros en campañas junto con Tráfico y, a través de la Fundación Alcohol y Sociedad, atienden en sus programas preventivos de divulgación a 750.000 escolares. Gil Robles critica posiciones “maniqueas” de responsables del Ministerio de Sanidad al hacer un retrato que coloca a toda la juventud con problemas de alcohol, cuando “el botellón puede que no afecte más que al 7% de ellos”, los que se inician en el consumo a los 13 años “no representan el 11%”, y no aparece entre las diez primeras preocupaciones de los españoles.

Alcohol y trabajo
Las intenciones expresadas públicamente por el Gobierno incluían en principio una previsión para tomar medidas respecto al alcohol y su relación con el trabajo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha realizado ningún encargo a la comisión nacional encargada de estos temas en el Plan Nacional sobre Drogas, donde se encuentran representados los sindicatos. José Valdés, responsable de drogodependencias de Comisiones Obreras, destaca que el Gobierno tiene ya el marco para tratar de este tema con los agentes sociales. Hasta ahora, los responsables del Plan sólo anunciaron genéricamente dentro de este organismo las intenciones de repasar la legislación sobre el alcohol relacionada con tres asuntos: tráfico, menores y el ámbito laboral. Este sindicato se decanta por favorecer campañas de sensibilización de riesgos sobre el binomio alcohol y trabajo. Comisiones Obreras es favorable a la prohibición de venta de alcohol en los centros de trabajo, aunque no como medida aislada.