13/03/06
No han contado para nada con nosotros”, dicen en la CEOE. El anteproyecto de Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 3 de marzo, ha puesto en pie de guerra a los empresarios, que consideran que el Gobierno ha hecho recaer sobre ellos todo el peso de esta ley. Esta semana los órganos de gobierno de la patronal se reúnen para analizar la situación y decidir si se levantan de la mesa de diálogo social, donde está en juego la futura reforma laboral.“Lo que más ha dolido aquí –dice un portavoz de la patronal–, y en el mundo empresarial en general, es el procedimiento que se ha utilizado. El Gobierno sólo ha aceptado lo que han propuesto los sindicatos, sin tener en cuenta para nada nuestras recomendaciones. Unas medidas de este tipo deben hacerse con el consenso de todos los agentes implicados y no enfrentándolos”.

El presidente de la CEOE, José María Cuevas, cree que el Gobierno está desarrollando una creciente actitud intervencionista “para amoldar a su gusto la actividad de las empresas” y le acusa de “aprobar un proyecto de igualdad que pretende sindicalizar la cuestión, imponer cuotas y limitar la capacidad de decisión de los empresarios.“La libertad de empresa se basa en la libertad de contratación y de organización. Si esta ley se aplica de una forma imperativa puede tener efectos negativos. Dentro de la CEOE hay distintas sensibilidades pero el rechazo a este planteamiento es general”. Los empresarios creen que “esta ley provocará tensiones y un riesgo de conflictividad que no se corresponde, al día de hoy, con las demandas reales, disuadiendo de la adopción de estrategias empresariales más ambiciosas y efectivas en esta materia”. La CEOE también critica que este proyecto no vaya acompañado de una memoria económica que permita conocer el coste de tales propuestas.

Cuatro años de plazo.
La nueva Ley incluye una serie de medidas en el ámbito laboral que la patronal considera intervencionistas. Las empresas de menos de 250 trabajadores estarán obligadas a negociar en sus convenios colectivos medidas de igualdad, y las de más de 250 a negociar planes de igualdad, lo que supondrá analizar el acceso de hombres y mujeres al empleo, a las diferentes categorías, a la promoción y a la formación, para detectar desigualdades y buscar soluciones. La norma también fijará medidas para la preferencia de la mujer en contrataciones y ascensos, cuando se considere que está infrarrepresentada. Estas obligaciones deberán ponerse en marcha en los próximos convenios y si los resultados no son satisfactorios pasados cuatro años, el Gobierno tomará otras medidas y se harán modificaciones legales “más exigentes e imperativas”.

Para los empresarios, la Ley supone también incertidumbre e inseguridad jurídica porque creen que les culpabiliza y que creará conflictos. La Ley cambia las tornas con la “inversión de la carga de la prueba”. Esto es, si una persona presenta una demanda por cuestión de discriminación de género será la empresa la que tenga que probar su inocencia y no al revés como sucedía hasta ahora. Otra de las medidas que más polémica ha creado es que el Gobierno quiere que en cuatro años, en los consejos de administración de las empresas se llegue al 40% de mujeres y, para lograrlo, favorecerá en los contratos con la Administración pública a las compañías que, con igualdad de ofertas, presenten mejores indicadores en cuanto a representación de mujeres. Esta es una medida muy ambiciosa que sólo tiene parangón en el Gobierno noruego, aunque éste es el país con mayor proporción de consejeras, con un 23%. En España, sólo un 4% de los puestos de los consejos de las empresas cotizadas están ocupados por mujeres. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha calificado estas cifras de “impresentables” y ha sido el miembro del Gobierno que más ha apoyado la implantación de esta cuota porque cree que es necesario que las mujeres “pasen de una vez a ocupar los puestos de decisión en las empresas”.

El mejor diálogo social.
A pesar de las protestas de los empresarios, el Gobierno lo tiene claro. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba el pasado Día Internacional de la Mujer que “no hay mejor diálogo social que la igualdad entre hombres y mujeres”y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguraba que la aplicación de la Ley de Igualdad es “una vía de no retorno”. Ahora el anteproyecto de Ley de Igualdad debe pasar el trámite parlamentario y entrará en vigor a comienzos de 2007. La norma ha sido aplaudida por las asociaciones de mujeres y por los sindicatos, que apelan a la responsabilidad de la CEOE para no romper el proceso de diálogo social.