09/01/06
Como el presupuesto de los últimos Juegos Olímpicos de Atenas o la factura del vertido del Prestige. Diez mil millones de euros es el coste que el Sistema Nacional de Salud asume cada año sólo en medicamentos. Cerca de un 22 por 100 del gasto total en salud, algo más si tenemos en cuenta el consumo hospitalario, lo consume la factura farmacéutica. En los países de nuestro entorno, con mayor presupuesto sanitario total, este porcentaje está por debajo del 15 por 100. Son siete puntos menos que, en una factura como la española, supondrían cientos de millones para las cuentas del Estado.

Fármacos y tratamientos representan un gran negocio del que, entre farmacéuticos, mayoristas, fabricantes e investigadores, viven miles de personas en el país. En torno a un 90 por 100 de las ventas de medicamentos de todo el país son absorbidas por el sistema de salud público. Pocos son los sectores que dependen tanto de su principal cliente. Su carácter de servicio público somete completamente a sus empresas a la normativa estatal. Protocolos, controles, patentes, fabricación; todo el proceso se desarrolla dentro de un estricto marco legal. Cuando el Estado tose, cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas se resfrían. Antes de mitad de 2006, el Congreso aprobará, previsiblemente, la nueva Ley del Medicamento. La transposición de una directiva europea se aprovechará para modificar el funcionamiento actual de la industria, la distribución y la venta de medicamentos. Y ya puestos, para tratar de reducir precios, gasto público y márgenes comerciales.

A partir de febrero de este año, de cada euro que pagamos por un fármaco, sólo 64,5 céntimos responderán al precio de fábrica. Los márgenes comerciales del mayorista y de la farmacia absorberán un 7,6 y un 27,9 por 100 del precio, respectivamente. Es la propia Agencia Española del Medicamento la que fija el precio en función del coste total de producción. Después, tasas de farmacia, reinversiones y otros flujos de capital modifican ligeramente las rígidas reparticiones y márgenes de cada intermediario. Este factor de la ley, el económico, es el que más llagas provoca. El ahorro y sostenibilidad del sistema inspiran gran parte de una ley llamada a reformar por completo el marco legal. Y si el Estado ahorra, el dinero deja de fluir.

El negocio farmacéutico funciona a través de una cadena en la que cada eslabón engorda el precio. Una rebaja como la esperada por el Ministerio, de 1.000 millones de euros anuales, un 10 por 100 del gasto total, afecta a todo el sector. El tambaleante equilibrio económico entre laboratorios, distribuidores y farmacéuticos es el principal obstáculo al que se enfrenta la nueva ley. Nadie quiere pagar la rebaja.

Moderación de precios
Desde 2004, un plan estratégico marca las pautas por las que se desarrollará la ley. La política de contención a base de reales decretos es ya un hecho y la reducción del precio de los fármacos en un 4 por 100 en marzo de 2006 será un anuncio de lo que ha de venir. Aunque el gasto continúa creciendo, las cifras son cada vez más positivas. Después de varios años con incrementos de entre el 10 y el 13 por 100, ese porcentaje se ha estabilizado en torno a un 5 por 100, una cifra más acorde con los países de nuestro entorno. El objetivo a largo plazo es aún más ambicioso: conseguir que la ley convierta la moderación del gasto en un abaratamiento total de la factura.

Pero no todo se centra en sanear las cuentas. Para la directora general de Farmacia, Teresa Pagés, se ha acentuado demasiado la parte económica de una ley que “prima ante todo la calidad, seguridad y eficacia del sistema”. Son estas premisas las que inspiran todo el proyecto. “Habrá ahorro –asegura– pero principalmente en la eliminación de los riesgos, coste médico por mala medicación y demás factores no directamente relacionados con el gasto farmacéutico”. Los colectivos afectados no están de acuerdo. Unos se ven como los grandes perdedores y reclaman ayudas. Otros apenas modificaran su actual estado. Son cuatro actores, cuatro situaciones y opiniones frente a la misma ley.

Médicos
Son el origen del proceso farmacéutico. La exclusividad a la hora de diagnosticar y prescribir tratamiento convierte a estos profesionales sanitarios en la base de cualquier política de control de gasto farmacéutico. Tanto el uso racional de los medicamentos como la progresiva introducción de los genéricos en el sistema debe contar, en la práctica, para consolidarse con las bendiciones de toda la cadena médica. La información sobre innovación farmacológica, controlada hasta hace muy poco por la industria, será uno de los puntos en los que incida la nueva ley. Formación pública frente a marketing. Esa es la idea para promocionar los equivalentes (compuestos similares) más baratos. Aproximadamente el 15 por 100 del presupuesto de las farmacéuticas desaparece en regalos, viajes y congresos de promoción y presentación de sus productos al personal médico. Todo ese aparato propagandístico influye en la forma de prescribir de muchos médicos. Cerca de un 25 por 100 de estos licenciados mostraba el pasado año, a pesar de los filtros de Sanidad, dudas sobre la fiabilidad de los genéricos.

La nueva ley reconoce este papel prioritario de los médicos y apuesta por su formación. Desde la Administración se actualizarán los datos sobre fármacos disponibles y nuevos compuestos patentados. La introducción del Estado en la campaña de promoción proporcionará a los médicos una referencia independiente para reciclar sus hábitos de prescripción.

La otra gran novedad será la prescripción por principio activo. A partir de la entrada de la nueva ley, el médico deberá indicar la sustancia sin especificar la marca comercial. La ausencia de marca permitirá a los farmacéuticos dispensar la variedad más económica del compuesto y sólo en caso de igualdad, el genérico.

Industria
“Más de 40.000 puestos de trabajo, la mitad licenciados en Farmacia, se están poniendo en peligro”. La advertencia proviene de Humberto Arnés, director general de Farmaindustria y una de las cabezas visibles entre los opositores de la ley. Los laboratorios, base de la investigación farmacéutica, son los principales afectados por la ley. Una implantación progresiva de los medicamentos genéricos y la reducción de precios que conlleva son las principales medidas que afectan a la industria. Además, los productos en los que, pasados los diez años de vigencia, la patente haya expirado y no exista genérico en España deberán reducir su precio en un 20 por 100. Para Arnés, “la ley estanca la industria que lidera la inversión privada en I+D española y devuelve a España al vagón de cola del desarrollo”. Respecto a los beneficios industriales, apunta que “el concepto que se tiene de las farmacéuticas no es exacto. Los beneficios no superan el 7 por 100 y sólo tres de cada diez patentes se consiguen amortizar”.

Un medicamento genérico, es decir, sin marca, copia de una patente extinguida, puede resultar entre un 30 y un 50 por 100 más barato que el original. Alrededor de un tercio del presupuesto de una farmacéutica se destina a la promoción e investigación de nuevos compuestos. Los productores de genéricos, libres en cambio de esas dos cargas, pueden soportar precios mucho más competitivos.

Existe, sin embargo, según Miguel Barbero, director general de la patronal de genéricos, un miedo, una desconfianza hacia estos productos que nadie trata de corregir. ”Incluso se fomenta”, asegura. El proceso de aprobación y los filtros de control son los mismos que en el caso de los fármacos con marca. “Dudar de los genéricos es dudar de todo el sistema”, se queja.

De hecho, casi todos los agentes parecen coincidir en que el camino para reducir el gasto sin perder calidad pasa por aumentar el número de genéricos. La polémica entre las grandes farmacéuticas y los productores de genéricos no versa sobre la conveniencia de utilizar productos blancos sino sobre el tiempo que lleve implantarlos. El proyecto de ley fija un precio de referencia, la media entre los tres productos más baratos, como el límite que el sistema puede pagar. La aparición de genéricos, mucho más económicos, obliga a los laboratorios a rebajar radicalmente su precio hasta el de sus equivalente más baratos para no quedar fuera del mercado. Cada año de prórroga en la licencia de un compuesto supone cifras millonarias. Sólo las diez mayores patentes que se extinguirán el próximo año supondrán para las farmacéuticas unas pérdidas de 72.000 millones de dólares en todo el mundo.

Otro punto conflictivo es la cláusula Bolar. Esta modificación permitirá el proceso de aprobación y fabricación de los genérico dos años antes de la expiración de la patente. Así se ahorrará el tiempo que consumen estos procesos y los nuevos productos podrán salir a la calle justo el día en que se pierden los derechos de la licencia.

Este proceso está aun en nuestro país en un estadio muy temprano. Sólo en torno al 5 por 100 de las ventas corresponden a genéricos. En nuestro entorno las cifras varían entre un 20 y un 50 por 100 del total. En la Agencia Española del Medicamento un tapón de unos 500 expedientes de genéricos, que llegó a ser de 800, bloquea el desarrollo de esa industria. Para Teresa Pagés, “se trata de un problema heredado. Se ha movilizado un equipo entero para desbloquear completamente las autorizaciones en la segunda mitad de 2006”.

Mientras, la incipiente industria del genérico se desespera. “Un aumento de un punto por año en la presencia de nuestros productos no es suficiente”, se queja Miguel Barbero. La patronal mantiene no sólo la necesidad de controlar el gasto a través de sus productos sino la función que ejercen de ruptura de monopolios. Tras su llegada al Ministerio, Elena Salgado se marcó el objetivo de que al final de la legislatura un 20 por 100 del total de ventas pertenecería a los genéricos. Casi dos años después la cifra parece bastante poco realista. El proceso tardará al menos cuatro años tras la aprobación del nuevo marco normativo.

La nueva ley limitará además la aparición de las llamadas innovaciones galénicas. Los laboratorios introducían pequeñas mejoras en sus productos para inscribirlas como un producto distinto y poder mantener, gracias a él, la patente (que expira a los diez años) durante algún tiempo más.

Distribución
El abastecimiento y su control de las partidas farmacéuticas es otra de las obsesiones de la ley. La seguridad de los productos que llegan al paciente se refuerza con nuevas medidas de control. La trazabilidad, es decir el seguimiento de cada lote a través de los distintos intermediarios, se refuerza para evitar desvíos de medicamentos. A la sombra de los precios españoles, entre los más bajos de la UE, empezaba a crecer un tráfico ilegal de medicamentos para ser vendidos en otros mercados extranjeros.

En comparación con el resto de Europa, en España el negocio de almacenamiento y abastecimiento a farmacias está muy atomizado. Unas 100 empresas comparten un mercado en el que las primeras cinco cubren el 50 por 100 del negocio. Además, el 76 por 100 del negocio lo controlan cooperativas de farmacias. Las sociedades anónimas, comunes entre los países desarrollados, sólo controlan el 18 por 100 de las ventas españolas. En nuestro entorno más cercano, Francia o Reino Unido, las tres mayores controlan, en cambio, más del 95 por 100 de la distribución.

Es el Ministerio de Sanidad el encargado de autorizar y controlar la actividad de los distribuidores. Más del 80 por 100 de los medicamentos españoles pasan por mayoristas y la distribución directa sigue siendo minoritaria. Si obviamos la atención hospitalaria, sólo un 6 por 100 de los fármacos se sirven directamente a las farmacias por los laboratorios.

La principal reivindicación de los mayoristas no es económica, sino de reconocimiento cualitativo. Miguel Valdés, director general de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) se siente discriminado dentro de la cadena sanitaria. La ausencia dentro del proyecto de ley del reconocimiento como “entidades garantes de abastecimiento sanitario” corta una de las grandes pretensiones de Fedifar. Esta calificación permitiría a los mayoristas, según Valdés, “ser suministrados por todos y cada uno de los laboratorios, premisa imprescindible para garantizar el abastecimiento”. Los mayoristas comparten además con las oficinas de farmacia la protesta por la prohibición de incentivos y descuentos, algo ajeno a la directiva europea. Hasta ahora, era común la incorporación de ventajas en el negociado de grandes volúmenes de compra.

Farmacias
El ciclo del medicamento termina con su dispensación. Más de 60.000 licenciados encuentran trabajo en alguna de las 20.500 farmacias españolas. También en este ultimo sector se teme por los puestos de empleo que la reducción de beneficios puede ocasionar.

Isabel Vallejo, presidenta de la Federación de Farmacéuticos, se muestra partidaria de controlar el gasto, “pero con medidas estructurales, no con retoques economicistas que ni son duraderos ni solucionan el problema”. La unión de las medidas del Plan Estratégico y de la Ley del Medicamento supondrá unas pérdidas para las farmacias, según cálculos de la Federación, de más de 2.300 millones. En opinión de Vallejo, “la ley no es más que una ampliación del Plan Estratégico, ahonda en las propuestas de recortes, economicistas de éste sin proponer nada nuevo”.

La nueva ley, además, limitará la capacidad de acción de los farmacéuticos. La imposibilidad de cambiar un medicamento recetado por algún equivalente ata las manos a los licenciados. “Es imposible tener todo el stock que hay en el mercado en una farmacia de proporciones normales”, se queja Eugeni Fors, un farmacéutico barcelonés. Y apunta: “somos licenciados, no comerciantes. Conocemos a fondo nuestros productos”.

La cantidad de farmacias que salpican el país, la tercera red más densa de Europa, y el reducido gasto sanitario en comparación con nuestros vecinos de la Unión Europea rebajan aún más los beneficios. El fantasma del copago, la asunción de parte del costo por los clientes, planea sobre la conversación.

El sector se siente vapuleado por unos recortes de los que no se consideran responsables. “Ningún gobierno tendrá valor para plantearlo pero no entiendo por qué quien consume no puede colaborar en el pago”, concluye el farmacéutico Eugeni Fors.