09/01/06
La inmigración es ya el segundo problema que más preocupa a los españoles, por delante del terrorismo de ETA y superado tan sólo por el paro, que sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos. Seis de cada diez españoles creen que el número de extranjeros que viven en nuestro país es excesivo y, lo que es más preocupante, tres de cada cuatro están convencidos de que su llegada ha aumentado la delincuencia. Así lo pone de manifiesto el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de noviembre de 2005, y un estudio del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la misma fecha, que abarca datos recogidos entre 1991 y 2004. El binomio inmigrante-delincuente es rechazado por organizaciones de inmigrantes y ONG que trabajan con ellos, y matizada por sociólogos estudiosos de este fenómeno, que coinciden en que identificar ambos conceptos alimenta los sentimientos racistas y xenófobos y dificulta la integración.

La percepción social de que el incremento de la delincuencia en España va ligado a la inmigración no ha hecho más que crecer desde 1991. Si entonces lo creía un 56 por 100 de los ciudadanos, en 2003 el porcentaje aumentó hasta el 71 por 100. Además, si en los periodos comprendidos entre 1991-1995 y 1995-1999 quienes pensaban de esta manera se situaban entre los mayores de 50 años, personas de bajo nivel educativo y posición social, ideológicamente situados en el centro-derecha y que se reconocían como muy o algo xenófobos, en el periodo 2000-2003 esta opinión ha calado en todos los segmentos sociales, incluidos los jóvenes, los de alto nivel educativo y social y los que se identifican como de izquierdas, según ponen de relieve distintos estudios que maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

¿Se corresponde tanta alarma con una realidad demostrable con datos? El balance sobre criminalidad y delincuencia de 2004, último disponible, recoge que los delitos descendieron un 2,17 por 100 en comparación con el año anterior, hasta alcanzar una cifra próxima a los 900.000. La Comunidad de Madrid, con 395.396 delitos cometidos, ocupa el primer lugar en el ranking de criminalidad. La cifra de delitos ha registrado también un descenso en 2005, sobre todo los cometidos contra el patrimonio, aunque los datos concretos no se conocerán hasta mediados de mes, según confirmó un alto cargo del departamento.

“Sabemos si un delito lo ha cometido un nacional o un extranjero cuando detenemos al autor, de manera que es imposible establecer comparaciones entre delincuencia nacional o foránea”, dice un experto en análisis de la Policía Judicial consultado por esta revista. Los datos de que dispone el Ministerio del Interior para valorar este fenómeno indican que el 36,3 por 100 de las detenciones practicadas en 2005 fueron de extranjeros (el 35 por 100 en 2004). Éstas fueron mayoría, 81 frente al 19 por 100, en delitos de falsedades, y similares a las de españoles en hurtos y delitos contra la libertad sexual (ver cuadros).

Pero si no hay cifras sobre delitos cometidos por inmigrantes, sí las hay de las personas extranjeras que cumplen condenas en cárceles españolas y que, a 30 de noviembre de 2005, representaban uno de cada tres internos. Un porcentaje extraordinariamente alto que se ha ido incrementando en los últimos años. Traducido en cifras, de los 52.951 reclusos existentes a 30 de noviembre de 2005, 15.706 (un 29,6 por 100) eran extranjeros, según datos facilitados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Por nacionalidad, los naturales de Marruecos representaban el 28 por 100 del total de encarcelados, concretamente 4.414, seguidos a mucha distancia por los colombianos, con 1.825 internos, el 11,6 por 100; los argelinos, con 1.071 presos y el 6,8 por 100, y los rumanos, 1.043 y el 6,6 por 100. Fuentes penitenciarias manifestaron a este semanario que la tipología de los delitos cometidos por extranjeros es similar a la de los presos nacionales, sin que, en consecuencia, pueda hablarse de una especialización delictiva. Así, la mayoría están imputa dos en delitos de robos, seguidos de los condenados por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y, finalmente, los que lo han sido por un delito de lesiones.

“En los últimos años ha aumentado la percepción que la sociedad española tiene de que la inmigración aumenta la delincuencia, como en la década de los noventa pensaba que aumentaba el paro. Cuando éste bajó pese a que la inmigración seguía creciendo, se demostró que no había relación entre inmigración y paro”, asegura Juan Díez Nicolás, catedrá- tico de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, autor del estudio Las dos caras de la inmigración y colaborador del Observatorio Permanente de la Inmigración.

El papel de los medios
“La percepción de que la inmigración está ligada a la delincuencia se debe en parte a las noticias que publican los medios de comunicación, que inciden en la condición de extranjeros de quienes protagonizan algunos delitos, pero que no hacen esta distinción si el autor es natural de Huelva o una persona rubia. Es un fenómeno que ya ocurrió con los gitanos y que poco a poco se ha ido corrigiendo”, señala Díez Nicolás. Una opinión con la que coincide Enrique Barbero, subdirector de la ONG Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM). “Los inmigrantes delinquen como los españoles –dice– pero su visualización es más clara, y no sólo por los medios de comunicación, que inciden en su condición de extranjeros, sino también por los propios ciudadanos, que saben si son atracados por un suramericano, pero que en el caso de que sea un español no distinguen de dónde es natural. A lo peor si se dijera llegaríamos a la conclusión de que los nacidos en tal o cual provincia delinquen más que los del resto”.

El número de inmigrantes con tarjeta o autorización de residencia ascendía a 2.597.014 el 30 de septiembre de 2005, lo que representa un 6 por 100 de la población española, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sin embargo, la encuesta del CIS pone de relieve que los españoles creen que los inmigrantes que viven entre nosotros representan un 20 por 100 y que son ya “demasiados”. Un ejemplo de que las impresiones son en muchas ocasiones equivocadas y no se corresponden con los datos reales.

Un 36 por 100 de los inmigrantes legales, cerca de un millón, proceden de Iberoamérica, fundamentalmente de Ecuador y Colombia. Le siguen los ciudadanos africanos, que representan un 24 por 100, entre los que destacan los ciudadanos de Marruecos, exactamente 473.048, que son, por nacionalidad, la colonia más numerosa de residentes en nuestro país. Por comunidades autónomas, Cataluña acoge al 22,23 por 100 de los inmigrantes legales que residen en España, seguida de Madrid, con el 19,87 por 100, y la Comunidad Valenciana y Andalucía, con el 12,35 y el 12,05 por 100, respectivamente.

Delincuencia y pobreza
“Se ha creado una percepción social sobre la inmigración que va más allá de lo que debería haber ido. La delincuencia en general es protagonizada fundamentalmente por capas sociales desfavorecidas. Con la inmigración ha venido cierta delincuencia, pero no porque sean inmigrantes, sino porque pertenecen a esa categoría social –dice Juan Díez Nicolás–. Hasta hace poco el inmigrante que estaba en España sin documentos no podía tener trabajo, al menos legal, y lo único que podía hacer era trabajar sin contrato y ser explotado o dedicarse a la delincuencia, porque la tercera alternativa, morirse de hambre, es poco apetecible, sin que con esto pretenda justificar nada”. Enrique Barbero puntualiza que lo que sí ha traído la inmigración es una delincuencia nueva. “Ahora tenemos sicarios, gente que viene a nuestro país a matar por encargo, y grupos organizados y muy violentos que se especializan en algunos delitos, como reventar viviendas para desvalijarlas”. Para Díez Nicolás, sin embargo, estos delincuentes “son extranjeros y no inmigrantes, porque no han venido a España en busca de trabajo, sino como miembros de bandas organizadas y para realizar sus actividades delictivas”.

Los datos policiales corroboran estas opiniones. Así, el pasado año el 57,5 por 100 de los detenidos como pertenecientes a grupos organizados eran extranjeros, entre los que predominaban los rumanos (26,14 por 100), los marroquíes (11,74 por 100) y los colombianos (10,47 por 100). Un ejemplo de esta estadística es que siete de cada diez asesinatos perpetrados en Madrid el año pasado fueron cometidos por extranjeros, y del total de 117 detenidos por los mismos, 82 eran ciudadanos de otros países. Las reyertas y los ajustes de cuentas fueron los principales móviles de los crímenes, en el primero de los casos protagonizados por bandas latinas, como los Latin King y los Ñetas, y los segundos por organizaciones de narcotraficantes. También las víctimas, en la mayoría de las ocasiones, fueron ciudadanos extranjeros.

La percepción de que la inmigración está íntimamente ligada al incremento de la delincuencia no va acompañada, sin embargo, de un incremento de los sentimientos racistas o xenófobos, y ni siquiera los inmigrantes tienen la sensación de exclusión en nuestro país, según los últimos estudios del Observatorio Permanente de la Inmigración. Uno de ellos, realizado por Rosa Aparicio y Andrés Torno, pone de manifiesto que la integración es aún complicada porque se relacionan fundamentalmente con parientes y ciudadanos de su misma nacionalidad, y en mucha menor medida con españoles. “Son demasiado estrechos los puentes que hay tendidos entre los mundos de relaciones informales de los inmigrantes y los análogos de los españoles”, afirman entre las conclusiones de su estudio Las redes sociales de los inmigrantes extranjeros en España.

Derechos
La encuesta del CIS recoge la opinión mayoritaria de que los inmigrantes tienen derecho a traer a su familia a vivir con ellos (73 por 100), a que sus hijos accedan a la educación pública (92,5 por 100), a tener asistencia sanitaria gratuita (81,3 por 100), practicar su religión (81,2 por 100) u obtener con el tiempo la nacionalidad española (77,8 por 100). Las opiniones no son tan favorables en lo que se refiere a los inmigrantes que delinquen. En este caso son mayoría quienes están de acuerdo con que sean expulsados si cometen un delito grave (79 por 100), y está repartido a partes iguales quienes creen que deben serlo aunque el delito sea leve (50 por 100). El Código Penal permite a los fiscales solicitar que a los inmigrantes ilegales condenados por un delito se les conmute la pena impuesta por la expulsión si aquélla es inferior a seis años de reclusión (ver recuadro). La cifra de expulsados por este motivo no ha sido facilitada por el Ministerio del Interior. El problema, se trate o no tan sólo de una percepción, ha calado en la sociedad y no parece que vaya a desaparecer si tenemos en cuenta que los estudios realizados sostienen que los actuales flujos migratorios a España van a realimentarse a medio plazo desde nuestro país por los inmigrantes que ya viven en él, que actuarán como reclamo para otros compatriotas.