Todos contra la ministra

29 / 01 / 2010 0:00 José Manuel Gómez
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Internautas, músicos, cineastas... la gestión de Ángeles González- Sinde al frente del Ministerio de Cultura está resultando más caótica de lo que se esperaba.

El acoso a la ministra de Cultura comenzaba el martes 1 de diciembre. Los músicos se manifestaban a primera hora de la mañana en Madrid, ante el Ministerio de Industria, reivindicando que la música es empleo y cultura. El manifiesto, que firman unas 2.000 personas entre artistas, productores y profesionales, resulta de una aplastante sensatez: “Hace ya demasiado tiempo que estamos solos. Ni los sucesivos inquilinos de La Moncloa ni los parlamentarios nos han incluido entre sus prioridades”, dice el texto que han firmado Alejandro Sanz, Antón García Abril, Luis Eduardo Aute y un larguísimo etcétera.

La voz de Loquillo sonaba alto y fuerte: “Desde el que pone las luces de un concierto al chaval que vende los discos en la tienda: eso es la industria. No estamos hablando de cuatro caras famosas. Si no hay tejido industrial nuestra cultura se muere y se queda tendida en el suelo a la espera del juez. Son muchos puestos de trabajo vinculados a la música. Estamos hablando de la clase trabajadora”. Entre los músicos reinaba el desconcierto cuando se les preguntaba por qué la manifestación era frente a Industria. La respuesta estaba en la entidad que la convocaba: Promusicae, es decir, las discográficas grandes y pequeñas. El verdadero motivo de la movilización era la lucha contra la piratería. La única mención a la ministra Ángeles González- Sinde fue que la música “no le suena”. Ella viene del cine.

El miércoles 2 se presentaba en el Parlamento la ley de economía sostenible y, desde los bancos de la oposición, felicitaban, con sorna, al departamento de imagen del Gobierno. Horas más tarde se iniciaba un incendio en Internet. La mecha era uno de los artículos de la nueva ley, que prevé una comisión del Ministerio de Cultura con capacidad para cerrar paginas web que alberguen contenidos sujetos a derechos de autor.

Ese día surgió el manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet, que han elaborado un puñado de blogueros. Los dos primeros puntos dicen: 1) “Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. 2) “Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto pone en manos de un órgano no judicial la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cual- quier página web”. Al momento, más de 100.000 páginas colgaban el texto completo en la Red. Los análisis de urgencia iban desde los que gritaban “¡censura!” hasta los que se preguntaban: “¿Una comisión ministerial facultada para cerrar páginas, sin pasar por un juez? Eso equivale a un órgano político que corrompe la libertad de expresión en Internet, como en Cuba o China”, proclamaban.

Ante la hoguera, la ministra de Cultura convocó a un grupo de internautas -blogueros y creadores de contenidos- que acudieron a la reunión dispuestos a retransmitirla a través de Twitter, una red que permite enviar mensajes en tiempo real. González-Sinde expuso sus puntos de vista, que, básicamente, consisten en defender la normativa aprobada el pasado noviembre por el Parlamento Europeo y que debe entrar en vigor en junio de 2011, según la cual “no se requiere autorización judicial para cortar el acceso a Internet”. Los representantes de Internet -que aseguran no representar a nadiesalieron de la reunión sin que se hubieran acercado las posturas. Por la tarde, las ediciones digitales de los periódicos abrían sus portadas con una promesa de Zapatero: “No se cerrarán páginas web”. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, manifestaba acto seguido que la potestad de cerrar una web “depende de los jueces”. Dos bofetadas.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros la vicepresidenta De la Vega defendía a la ministra de Cultura: “Nadie la ha desautorizado”. A las ocho de la tarde se había convocado una protesta a las puertas del Ministerio de Cultura promovida por los redactores del manifiesto internauta. Los impulsores de la iniciativa se desmarcaron: nadie había pedido permiso a la Delegación del Gobierno. Aun así, se concentraron unas 300 personas y muchos periodistas. ¿Dónde estaban los defensores de la libertad en Internet? Conectados. El sábado se publicaba que la SGAE había elaborado una lista de 200 páginas web que ya estaba en posesión del Ministerio de Industria. En pocas horas la noticia recibía más de 600 respuestas, más que los manifestantes frente al Ministerio de Cultura.

El cambio digital

Lo que está en juego es el modelo de negocio. Por un lado, la patronal siempre ha concebido Internet como un enemigo y, en lugar de ofrecer una alternativa competitiva y legal para sus productos a través de la Red, ha contabilizado las descargas ilegales en el capítulo de pérdidas por culpa de la piratería. Su discurso sigue siendo: “Nos están robando”. Así consiguieron el canon por los CD y los equipos, pero la realidad de Internet no es simplemente bajarse películas y música por la cara, aunque esa sea una realidad flagrante. Muchos creadores cuelgan su obra con licencias Copyleft: se puede copiar si no hay beneficio de por medio. Este método permite a muchas bandas y grupos darse a conocer.

El verdadero drama es que la generación de Internet, menor de 30 años, no concibe el disco como un objeto con valor. Frente a la generación del vinilo, que aprecia cada álbum como un hecho artístico tan potente como un libro, para la generación digital es, simplemente, un contenedor de música o de cine.

La generación del vinilo tiene razones más que sobradas para quejarse de los patronos de la música y sus gestores. A finales de los ochenta se impuso el CD. Las grandes multinacionales se aliaron con las distribuidoras y en pocos meses llegó la revolución: “Mejor sonido y más fácil de transportar”. Los apasionados de la música cambiaron los tocatas por la nueva tecnología y en España se pasó de pagar 1.000 pesetas por un álbum al doble. Los consumidores tardaron un tiempo en darse cuenta de que aquel aumento brutal del precio no estaba justificado por un mayor coste de un producto que, además, no suena mejor.

Los manteros venden copias ilegales por dos euros. Y de ahí a los 15 ó 20 que cuesta un disco, hay un largo trecho. El precio del CD tampoco se justifica porque los creadores se lleven el 10%. De hecho, los artistas fueron los primeros estafados. Los nuevos contratos de la era digital tenían una cláusula que rebajaba su porcentaje a la mitad. La razón: que el formato aún no se había asentado en el mercado. Muchos tragaron. Luego llegó el DVD y se repitió la jugada. Total, que entre 1984 y el 2000 las discográficas hicieron su agosto vendiendo su viejo catálogo en el nuevo formato. Ahora las grandes discográficas quieren el porcentaje de los conciertos y lo consiguen. Aunque algunos no tragan: el grupo de rap La Excepción prefirió regalar su tercer disco desde su web a pasar por el aro. Ahora están pendientes de juicio.

Pero nadie nace famoso. La Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas de Música en Directo (Acces) reivindica su papel: “Somos el primer eslabón de la cadena –explica Armando Ruah– el lugar donde crecen los artistas”. La Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) ha pedido al Gobierno una ley que regule la música junto a un centenar de entidades: “El problema es que cada vez que cambia el ministro de Cultura hay que comenzar de nuevo”.

Descarga legal... ¿o ilegal?

La primera batalla de las redes p2p -de persona a persona- se libró en Estados Unidos con el cierre de Napster, pero sólo hace un año que se filtró que las cosas, entonces, pudieron cambiar. En julio de 2000 los ejecutivos de Napster se reunieron con las grandes multinacionales del disco con vistas a un arreglo extrajudicial. La web, en un año, había conseguido más de 2o millones de usuarios y les ofreció ir a medias en el negocio digital. Las grandes compañías, fieles a sus viejas costumbres, pidieron la mayor parte del pastel: el 90%. Las encuestas decían que los usuarios de Napster estaban dispuestos a pagar una pequeña suscripción mensual. No hubo acuerdo. Fue el portazo a la posibilidad de que el negocio digital fuera legal. Un juez le dio la razón a las discográficas y las redes ilegales de p2p se multiplicaron. La gente siguió descargándose música gratis mientras en Estados Unidos los jueces perseguían a los consumidores. Cuando cerró Napster aparecieron programas como Blubster o Manolito, creados por el madrileño Pablo Soto, al que las discográficas reclaman 13 millones de euros en un juicio que quedó visto para sentencia en mayo.

El mercado digital -legal- en España es “un bebé que sólo puede crecer”, explica Alex Van Looy, de Zebralution, una empresa que surte de contenidos a tiendas como iTunes. “Los más fuertes en el mercado digital son Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. España está por detrás de la mayoría de países europeos. Moby vende 1.000 álbumes digitales en Alemania, en España no llega a 200. Aunque éste es un mercado de canciones”. El gran negocio digital en España se hizo con los politonos: por dos euros se conseguían 20 segundos -de una copia- de una canción de éxito.

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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