Sí: 98 por 100 el referéndum de Franco

La alarma sonó en el Instituto Nacional de Estadística: España volvía al subdesarrollo, la renta per cápita podía bajar de los 500 dólares, la simbólica frontera que separaba al Tercer Mundo de Occidente. Los españoles habíamos superado esos 500 dólares anuales en 1962, en una ascensión que desde 1960 era espectacular. ¿Por qué iba a retroceder en 1966? Simple aritmética, el número de habitantes del país había pegado un estirón inexplicable. De repente España tenía muchos más habitantes, pero el PIB (producto interior bruto) era el mismo.

Esa era una consecuencia inesperada del Referéndum de la Ley Orgánica del Estado de 1966, mejor dicho, una consecuencia del excesivo celo que aplicaron muchos franquistas para que triunfase el Sí. Había muchos incondicionales que acudieron a varios colegios electorales para dar el “Sí a Franco”, o extranjeros partidarios del régimen, que votaban alegremente “Sí a la Paz”, porque el control en las mesas electorales era nulo cuando alguien llegaba proclamando su adhesión al Caudillo.

En la mayoría de los pueblos los alcaldes –y jefes locales del Movimiento– comunicaban que el 100% de sus vecinos había votado Sí, a veces había incluso más votos afirmativos que individuos censados, llegando en casos de lealtad ejemplar hasta el 120%. Si se reelaboraba el censo proyectando los números de habitantes que arrojaban las votaciones, volveríamos a ser un país pobre, de modo que se mantuvieron los datos reales de población, y la España de Franco y de López Rodó (autor del Plan de Desarrollo) siguió creciendo económicamente.

La marea de votos por el Sí también traía quebraderos de cabeza al Ministerio de Información y Turismo. Su joven titular, Manuel Fraga, y su director general y cuñado, Carlos Robles Piquer, se hallaban estupefactos. ¡Habían tenido demasiado éxito! Su campaña de propaganda, “Sí a Franco, sí a la Paz” y “Por tus hijos, vota Sí” había utilizado recursos extremos, como sacar en Televisión Española (la única que existía) a unos niños pequeños que, jugando con un rompecabezas, componían la frase “Vota Paz”. Ese bombardeo emocional sobre el público, junto a las irregularidades explicadas, había dado un porcentaje de votos afirmativos tan alto que nadie se lo podía creer. Sí: 98,1%.

Fraga y Robles tomaron entonces una decisión insólita: falsearon el escrutinio para restarse votos. Por eso existen unos resultados que dan 98,1% de Sí y 1,81 % de No, y otros definitivos que ofrecen un 95,6% de Sí y un 2,5% de No.

Aun así eran resultados propios de una dictadura. Un 90% de acatamiento a cualquier opción es resultado típico de los regímenes totalitarios, donde aparte del amañamiento de los votos si es necesario, existe tal presión sobre la población, tal capacidad de propaganda o de intimidación, que todos votan lo que quiere el poder, quedándole a la oposición, como mucho, el recurso de la abstención. Según los especialistas, más de un 80% de apoyo a cualquier opción resulta sospechoso, porque en una situación de libertad real, las opciones de los votantes son necesariamente mucho más variadas. “Si le preguntas a la gente ¿le pega usted a su madre?, hay un 10% de ‘no sabe/no contesta”, le explicaba un experto a James Stewart en Ciudad mágica, filme político de 1947.

Manipulación

Una característica de aquel referéndum de Franco fue que la inmensa mayoría no sabía qué era lo que aprobaban. La campaña orquestada desde el Ministerio de Fraga, basada en el “Sí a Franco, Sí a la Paz”, “hacía las delicias de las nuevas empresas de publicidad, por la oportunidad que ofrecía de ensayar técnicas de adoctrinamiento masivo”, en palabras del historiador Santos Juliá, para quien “con la aprobación de la Ley Orgánica del Estado el régimen llegó a su cénit”.

Porque lo que se votaba en 1966 era en realidad una Constitución, aunque se llamara Ley Orgánica. No una Constitución democrática, sino franquista, pero con ciertos toques de apertura y adaptación a los nuevos tiempos de paz y prosperidad en España y en Europa, como por ejemplo la libertad religiosa para protestantes y judíos, que en la España ultracatólica suponía un símbolo de tolerancia. O la desaparición semántica de la Falange, partido de origen histórico fascista, sustituido en todos los niveles del lenguaje oficial por “el Movimiento”.

Franco había tenido poderes absolutos desde la Guerra Civil, pero la Ley Orgánica los moderaba con la creación de la figura de presidente del Gobierno. El Caudillo quedaría solamente como Jefe del Estado, aunque como tal se le declaraba “representante supremo de la Nación” con poderes vitalicios y no sometido a ninguna herramienta de control. Pero para dirigir el día a día del Gobierno (teóricamente, pues Franco continuó presidiendo los consejos de ministros hasta su final) podía designar para mandatos de cinco años a un presidente, que nombraría los ministros de su Gabinete. En realidad este paso autolimitador  no lo daría Franco hasta 1973, dos años antes de su muerte.

El nombramiento de presidente debería, además, pasar por la confirmación de las Cortes, organismo en el que tuvo lugar la reforma más llamativa. Se redujo sensiblemente el número de “procuradores” (la palabra “diputado” tenía una connotación del liberalismo político que repugnaba a Franco), de más de 600 a 403, de los que solamente 25 serían de designación directa por el Jefe del Estado. Pero la gran novedad era que el llamado Tercio Familiar, 108 procuradores, sería de elección directa por los ciudadanos que fuesen cabezas de familia o mujeres casadas, mediante voto secreto. Con esta concesión a las urnas el régimen podía atribuirse el título de “democracia orgánica”, diferente de las democracias liberales europeas, aunque ya no tan alejada de ellas, según pretendían los diseñadores de la reforma.

Siguiendo ese juego de dar gato por liebre a las democracias europeas, que es lo que pretenden siempre los referendos totalitarios, los periódicos titularon en primera plana al día siguiente, 15 de diciembre: “España votó ayer la nueva Constitución”.