El cine americano pagará al español

11 / 09 / 2006 0:00 Esteban Hernández
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Se pretende, siguiendo el modelo francés, establecer una tasa sobre el precio de las entradas, los DVD y sobre los ingresos televisivos.

El último Festival de Cine de San Sebastián fue un punto de inflexión en las relaciones entre el Ministerio de Cultura y el cine. Tras la escenificación de un intento de ruptura, alrededor de una carta que reflejaría el malestar de la profesión, la ministra Carmen Calvo prometió la celebración de un Congreso en la primavera de 2006 para poner en orden las reivindicaciones, muchas y complejas, del sector.

El congreso nunca se celebró, al menos formalmente, porque desde hace meses se han intensificado los contactos entre las distintas federaciones empresariales cinematográficas. La intención última, auspiciada por Cultura, es alcanzar propuestas que sirvan como base para la próxima Ley del Cine, cuya tramitación parlamentaria se espera antes de final de año. La fórmula ha gustado en la industria. Para Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores (Fapae), iniciar así una reforma legislativa supone “una oportunidad de hacer bien las cosas, de situar el cine en las condiciones que necesita”. Según Carlos Cuadros, gerente de la Fundación Aisge, entidad de gestión de los intérpretes,“hay sintonía con el Gobierno porque tiene una voluntad clara de contactar con el cine, lo que brinda una buena ocasión para sacar una ley beneficiosa para los consumidores que garantice el futuro del sector, que no es optimista”.

La necesidad de la reforma se ha multiplicado en los últimos años. Más allá de la piratería o de las copias ilegales, los cambios internos en el funcionamiento mercantil, acompañados de esperadas innovaciones tecnológicas, hacen desconfiar del futuro. Dice el productor Andrés Santana, de Aiete Ariane, la empresa de Imanol Uribe, que “ahora se ven más películas que nunca pero se va menos al cine. La gente las ve en casa, en pantalla grande con sonido estereofónico. Cada vez puedes confiar menos en la recaudación en salas y, sin embargo, el coste de la inversión ha aumentado porque debes afrontar la promoción y las copias”.

Agencia independiente.

Las medidas que se están desarrollando tienen que ver con el establecimiento de una entidad de referencia, representada por un ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) de funciones ampliadas. Se convertiría en una Agencia Estatal para el Cine, que gozaría de independencia y que absorbería toda clase de competencias vinculadas al cine, provenientes de Cultura o de Industria. También tendría esporádicas funciones normativas.

Tampoco parece discutido el mantenimiento de la cuota de pantalla. Ahora se obliga a que, por cada tres días de exhibición de una película de terceros países, se programe uno con un largometraje comunitario. Por más que tal cuota haya sido combatida por los dueños de salas –aseguran que se trata de una imposición lesiva y arbitraria–, nada hace pensar que la medida, percibida como necesaria por el Gobierno, vaya a ser modificada. También es aceptada la creación de un registro público de obra audiovisual, equivalente al Registro de la Propiedad, que otorgaría una seguridad jurídica hasta ahora ausente.

¿Cómo se va a financiar el cine español? ¿Continuarán existiendo las subvenciones? Según el director Vicente Aranda, la solución es sencilla: “Creo que lo dijo Berlanga, y es cierto.Para acabar con los problemas del cine no necesitamos legisladores sino una secretaria que sepa idiomas y que transcriba la ley francesa”. Para la guionista y directora Ángeles González Sinde, “sería preferible que nos consideraran como industria en lugar de vernos como una expresión cultural”.

Como en Francia.

El modelo sobre el que se está trabajando recoge muchas sugerencias del país vecino. Asegura el productor Pedro Pérez que no demandan más ayudas directas: “No queremos subvenciones sino un tratamiento fiscal inteligente, que ayude a captar capitales”. Pérez se refiere a las sofocas, sociedades de financiación creadas en 1985 para que empresas de distintos sectores reinvirtieran sus beneficios en el audiovisual, quedando esas cantidades exentas de impuestos (o parcialmente bonificadas). El segundo punto es más conflictivo, pues pretende establecer una tasa sobre el precio de las entradas, sobre los ingresos televisivos y sobre el precio de los DVD. Así, las obras de mayor aceptación financiarían proyectos futuros. O, dicho de otra forma: el cine estadounidense financiaría al español.

Otro asunto es el conflicto del cine estadounidense con el europeo. Una reciente resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia sancionaba el abuso de posición dominante llevado a cabo por las distribuidoras de las majors. Rafael Alvero, director general de Fece, Federación de Exhibidores, se fija como objetivo “lograr en la nueva ley un artículo que señale el máximo que puede cobrar el distribuidor al exhibidor”. Según Pedro Pérez,“si las películas españolas son distribuidas por las majors, dejaríamos nuestro trabajo en manos de nuestro peor enemigo”.Para evitarlo, la intención es incentivar la creación de distribuidores nacionales y europeos que puedan competir con los estadounidenses.

Lo que parece dejar claro este último movimiento en el área cinematográfica es la intención del Gobierno de modificar las normas de funcionamiento cultural. Tras la obligada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para trasponer una directiva comunitaria y regular la puesta a disposición interactiva, es el turno del libro y del cine. Y después será el de reforma definitiva de la Ley de Propiedad Intelectual. Todo ello, esa es la intención, antes del final de la legislatura

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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